La Cámara de Diputados de Uruguay declaró insatisfactorias, por 49 votos contra 48, las explicaciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, sobre el conflicto que paralizó durante meses la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. La votación cerró en la madrugada del jueves 5 de noviembre una interpelación que empezó el miércoles 4 a las 11 y que impulsó el diputado colorado Adrián Juri. Castillo es el primer ministro del gobierno de Yamandú Orsi que recibe ese pronunciamiento de una cámara, según Montevideo Portal.
La moción la presentaron los dos diputados de Cabildo Abierto y los dos de Identidad Soberana, con el apoyo de blancos y colorados. No tiene efecto jurídico: es una declaración política, distinta de la censura de los artículos 147 y 148 de la Constitución, el único mecanismo que puede forzar la salida de un ministro. El texto reprocha que el ministerio no informó cuánto costó el conflicto en la terminal de contenedores.
Dos cuentas del mismo paro
Juri sostuvo, según Ámbito, que hubo más de 40 días de paro y que cada jornada costó entre 400.000 y 500.000 dólares de acuerdo con los exportadores, para un total de 17 a 22 millones. Con esos valores, 40 días dan entre 16 y 20 millones; su rango supone entre 42 y 44 jornadas perdidas. También dijo que en agosto 12 portacontenedores cancelaron su escala en Montevideo y que el movimiento de contenedores cayó más de 23%.
Castillo respondió que la actividad del puerto en su conjunto bajó apenas 1% en ese periodo. Las dos cifras miden cosas diferentes: la de Juri se refiere a los contenedores, el negocio de TCP, y la del ministro a toda la actividad del puerto. La diputada oficialista Diana Noy, del MPP, sumó otro dato que tampoco contesta el de los contenedores: en el primer semestre de 2026 entraron 40.200 vehículos y para el segundo se esperan 73.000.
Esencialidad descartada
El ministro recordó que el conflicto llegó a su cartera en junio, que hubo más de 40 reuniones y que el entendimiento de fines de septiembre derivó en un convenio de cinco años, que Transporte.com informó al cubrir la firma de la paz laboral entre TCP y el Supra. Noy precisó que ese convenio y su plan de paz rigen hasta el 30 de septiembre de 2031. Ante la pregunta de Juri sobre qué haría si el sindicato rompe esas cláusulas, Castillo dijo que aplicaría la mediación y la conciliación, porque los servicios portuarios no son esenciales en sentido estricto según la OIT; durante el conflicto el Ejecutivo fijó un nivel mínimo de trabajo en la terminal.
El jueves 5, en Canal 10, Castillo dijo que salió “fortalecido” y que seguirá en el cargo mientras Orsi lo decida, según Subrayado. El colorado Felipe Schipani le pidió la renuncia invocando el artículo 174 de la Constitución, y su compañero Walter Verri dijo a Teledoce que el presidente tiene “un mensaje que atender”.
La discusión política se suma a la que sigue abierta en el puerto sobre una segunda terminal de contenedores, donde MSC pidió quitarle a TCP la prioridad de atraque que le da el contrato de 2021.
Foto ilustrativa: Benlet26 (CC BY-SA 3.0)
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Fuentes: Montevideo Portal, Ámbito, Subrayado, Teledoce, MPP (Diana Noy)
