El Gobierno peruano publicó el Decreto de Urgencia 011-2026 el 18 de septiembre, con una medida acotada y concreta: un subsidio de S/4 por galón de gasolina o gasohol para conductores de mototaxi que prestan servicio de transporte público en Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
Las cifras, sin confusión
Algunos medios titularon “hasta S/100 al mes” y otros “hasta S/300”. Las dos son correctas y conviene explicarlo, porque el número solo tiene sentido con su plazo:
- Tope mensual: S/100 por conductor.
- Vigencia: tres meses.
- Techo total por conductor: S/300 durante el periodo.
El financiamiento es de hasta S/16 millones 23 mil, con cargo a la Reserva de Contingencia. Según el registro difundido, la medida alcanza a más de 53 mil mototaxistas de la selva, que deberán registrar sus compras de combustible para acceder a la devolución.
Quién califica
El beneficio se dirige a conductores de vehículos de categoría L5 dedicados al transporte público de personas. Los requisitos son los que se esperan de un padrón formal: Placa Única Nacional de Rodaje, DNI vigente, licencia de conducir clase B categoría II-C y SOAT o CAT vigente.
Ese listado merece un comentario, porque define el alcance real de la política. El mototaxismo amazónico tiene una porción significativa de operación informal, y todos esos requisitos apuntan a conductores ya registrados. En la práctica, el subsidio premia la formalidad tanto como alivia el costo del combustible: quien no tiene licencia de la categoría correcta o SOAT vigente queda fuera, aunque maneje todos los días.
Puede leerse de dos maneras, y las dos son razonables: como un incentivo legítimo para que la gente se regularice, o como una ayuda que deja afuera precisamente a los más vulnerables. El diseño del decreto no resuelve esa tensión; solo la hace visible.
Por qué ahí y por qué ahora
En Iquitos, Pucallpa o Puerto Maldonado el mototaxi no es un complemento del transporte público: en buena medida es el transporte público. No hay red de metro, el sistema de buses es limitado y la geografía fluvial condiciona todo lo demás. Cuando sube el combustible, ahí el impacto llega al pasajero casi de inmediato, sin el amortiguador de una tarifa regulada.
El contexto macro ayuda a entender la urgencia: el Banco Central de Reserva proyecta una inflación de 4,2% para 2026, empujada en parte por el alza de pasajes en transporte público y de combustibles. Un subsidio focalizado de tres meses no cambia esa trayectoria, pero sí atiende el punto donde el alza se siente primero.
La pregunta que queda abierta es la de siempre con este tipo de medidas: qué pasa cuando terminan los tres meses. Si el precio del combustible no cede, el Gobierno enfrentará la elección entre extender el beneficio o explicar por qué lo retira —y esa segunda conversación suele ser bastante más difícil que la primera.
Fuentes consultadas: El Peruano, MTC y MEF (Plataforma del Estado Peruano), El Comercio, Gestión, RPP Noticias, Agencia Andina, Infobae, Diario Correo y Revista Caretas.
Fotografía ilustrativa. Autor: kate fisher. Licencia CC BY 2.0. Vía Wikimedia Commons.
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