El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes 28 de septiembre que revocó la visa de Juan Carlos Núñez Matos, juez del caso Chancay y titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima, y la de sus familiares directos. En enero, Núñez Matos dio la razón a Cosco Shipping Ports Chancay Perú en su amparo contra Ositrán, el regulador de la infraestructura de transporte de uso público, y ordenó que el organismo dejara de regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el megapuerto.
Washington no mencionó ningún expediente contra el magistrado. El comunicado habla de restringir visas a “actores corruptos” que debilitan a gobiernos elegidos, y el embajador en Lima, Bernie Navarro, lo enmarcó en el Escudo de las Américas, la coalición regional que se reunió el 22 de septiembre en Doral, Florida. Esa es la versión de Washington. Ninguno de los medios consultados informa de una acusación formal contra el juez, y hasta la publicación de esas notas no había respuesta pública de Núñez Matos ni de Cosco.
La medida alcanzó a ciudadanos de cuatro países. En Bolivia, 12 personas perdieron la visa y otras nueve quedaron impedidas de pedirla, entre ellas el fiscal general Roger Mariaca. En Colombia la lista incluye al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, y en Ecuador a dos personas cuyos nombres no se revelaron. Infobae cifra el total en 27. Gestión recoge que la base legal es la sección 212(a)(3)(C) de la ley migratoria estadounidense.
Un litigio que sigue abierto
La sentencia de primera instancia tiene fecha del 29 de enero de 2026, aunque se conoció en febrero, y por eso algunos medios la ubican en ese mes. Ese mismo febrero, la oficina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental dijo que le preocupaba que el Perú no pudiera supervisar Chancay. El 17 de junio, la Segunda Sala Constitucional de Lima revocó el fallo y declaró improcedente la demanda: Cosco no probó una amenaza cierta e inminente, y el puerto es infraestructura de uso público aunque sea privado. El 24 de julio la misma Sala concedió el recurso de agravio de Cosco y el expediente pasó al Tribunal Constitucional, que todavía no resuelve. Infobae recuerda que en 2024 el mismo juez dio una medida cautelar a otra empresa china, CCECC, para que siguiera contratando con el Estado mientras estaba suspendida una sanción en su contra.
Lo que se decide en el TC toca de cerca a navieras, agentes de carga y exportadores. Según explicó a Gestión la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, el regulador verifica que el servicio se preste con la calidad ofrecida, exige al operador un reglamento de reclamos y tiene un tribunal para las controversias con los usuarios. Las tarifas son otra cosa. Ositrán solo las regula cuando no hay competencia, y es Indecopi quien determina si la hay. Si el TC le diera la razón a Cosco, un exportador que se sienta perjudicado en Chancay tendría que reclamar ante la propia empresa o ir a los tribunales, sin pasar por un regulador sectorial.
El puerto ya pesa en el comercio exterior peruano. Como informamos, Chancay mueve uno de cada diez contenedores del país y su operador planea pasar de 4 a 15 sitios de atraque cuando llegue al millón de contenedores. El TC no tiene fecha para resolver.
Fuentes: RPP, Gestión, La República, Infobae.
Foto ilustrativa: Tom Fisk
