Los gobernadores de Bolivia se declararon el jueves 24 de septiembre en «estado de alerta» y le dieron al Gobierno de Rodrigo Paz hasta el 31 de octubre para responder a sus pedidos. El principal tiene que ver con el combustible: quieren que el Tesoro General de la Nación les pague la diferencia entre el precio del diésel con el que armaron sus presupuestos de 2026 y el que rige desde que se eliminó la subvención.
La reunión fue en Santa Cruz y leyó las conclusiones el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco. Visión 360 cita entre los presentes a Luis Ayllón (Chuquisaca), María René Soruco (Tarija), Luis Revilla (La Paz), Jhonny Vedia (Oruro) y Leonardo Loza (Cochabamba). El País de Tarija habla de los nueve gobernadores.
De Bs 6,73 a Bs 17,95 por litro
Según el documento, las gobernaciones calcularon sus gastos de este año con el diésel a Bs 6,73 el litro. Desde el Decreto Supremo 5716, del 18 de septiembre, el precio sigue la cotización internacional y hoy está en Bs 17,95. El País de Tarija publicó como precio de referencia Bs 3,76, una cifra que no coincide con la de los otros medios.
Las gobernaciones gastan ese diésel sobre todo en el mantenimiento de la red vial departamental, en los servicios de salud y en la maquinaria que operan. Piden una transferencia extraordinaria del Tesoro que cubra la diferencia desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre, con una norma que fije montos y plazos. Piden además que el Ministerio de Economía autorice cambios excepcionales entre partidas, que los presupuestos de 2027 se hagan con el costo real del combustible, que se les garantice el suministro y que reciban el mismo trato que los municipios.
El otro reclamo es el «50/50», el reparto por mitades de la coparticipación tributaria que los gobernadores firmaron el 5 de agosto en la Casa de la Libertad, en Sucre. «Necesitamos que el 50/50 sea una realidad desde el 2027», dijo Velasco. Piden que ese reparto entre en el Presupuesto General del Estado del próximo año sin recortar lo que reciben las universidades públicas y los municipios. En la lista también figuran la devolución a las regiones de parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la abrogación de la Ley 767, según El País. Ninguno de los medios consultados recogió una respuesta del Gobierno.
Santa Cruz importará su propio diésel
Al día siguiente, Velasco anunció que el lunes 28 firmará una alianza público-privada para traer a Santa Cruz la primera importación directa de diésel del departamento. Dijo que serán «varios millones de litros» y más de 300 cisternas, y que el volumen no cubrirá toda la demanda. La gobernación puso en contacto a importadores, comercializadores y distribuidores con proveedores del exterior, y el precio será el internacional más la logística y el margen de los privados. El Decreto 5644, del 30 de junio, permite estas compras directas. Velasco contó que la operación salió «después de varias semanas de trabas» con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Fuentes: eju.tv, Visión 360, Opinión, El País, Visión 360 (importación).
Foto ilustrativa: Enouch E / Pexels
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