La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el martes 6 de octubre el proyecto de ley antibloqueos, formalmente Ley 070/2025-2026 “de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano”, que castiga con cárcel a quien corte una carretera. Al día siguiente llegó el primer rechazo del autotransporte: Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril de Tarija, dijo a La Voz de Tarija que el sector rechaza “totalmente” el texto.
El proyecto tiene 28 artículos y junta diez propuestas que dormían en el Legislativo. Ahora pasa al pleno de Diputados y después tendría que ir al Senado.
Ocho o diez años: depende de quién lo cuente
Las cifras de las penas no coinciden entre medios. El texto difundido por la comisión, que reprodujeron Opinión y Los Tiempos, prevé de tres a seis años cuando el bloqueo afecta emergencias, salud, abastecimiento, evacuaciones, infraestructura o el trabajo, y ocho años si hay violencia, armas, destrucción de infraestructura o cobros a quienes quieren pasar. Visión 360, citando a Unitel, y La Razón hablan de tres a diez años. La diferencia sale de las declaraciones del presidente de la comisión, Manolo Rojas, que explicó que la pena máxima de diez años se reserva para casos en los que se atente contra la vida de civiles, policías o militares. Rojas insistió en que la norma no elimina el derecho a la protesta.
La ley también obliga al Ejecutivo a fijar en 60 días protocolos para el paso de emergencias, el abastecimiento de combustible y alimentos y el despeje de rutas, y prevé sanciones para ministros, gobernadores y alcaldes que no atiendan conflictos de su competencia.
Críticas desde dos lados
Ese último punto es el que ataca el diputado Carlos Alarcón, de Unidad, que pidió rechazar el proyecto en el pleno. Según La Razón, Alarcón sostiene que la norma traslada la culpa de los bloqueos a las autoridades y la llamó “provloqueo”.
Pérez la critica desde la vereda opuesta. Para el dirigente tarijeño, las movilizaciones son la forma en que la gente se hace escuchar y la cárcel para dirigentes es “lamentable”. Aun así admitió que “hay paros justificados y hay paros que no son justificados” y pidió que la ley se analice con calma.
Qué está en juego para el camionero
El transporte boliviano está en los dos lados de un bloqueo. Sus federaciones usan el paro como medida de presión, y sus choferes son los primeros atrapados cuando otros cortan las rutas. En mayo, el presidente del transporte pesado, Herland Melgar, contó a El Deber que llegó a haber unos 7.000 camiones parados y que, tras 22 días, entre 2.000 y 3.000 seguían retenidos en el altiplano y en las fronteras, con choferes sin agua ni comida. En los medios consultados, las cámaras del transporte pesado todavía no se habían pronunciado sobre el texto aprobado en comisión.
No hay fecha para el debate en el pleno.
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Fuentes: La Voz de Tarija, Visión 360, La Razón.
Foto ilustrativa: Mike van Schoonderwalt
