El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó el viernes 9 de octubre en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena el decreto portuario que cambia las reglas de las concesiones. La medida central: un concesionario al que le queden cinco años o menos de contrato podrá proponer obras que no alcanzará a recuperar, y si la autoridad las aprueba se le reconocerá el valor pendiente.
Presidencia habló de la “expedición” del decreto, pero ni su boletín ni los medios consultados dan un número, y la norma aún no rige. Portafolio precisa que lo conocido es el proyecto que el Ministerio de Transporte publicó el 5 de octubre y que la firma se espera en los próximos días. La ministra Elsa Noguera dijo en Cartagena, según El Universal, que quedaría en firme la semana del 12 de octubre. El texto modifica el Decreto 1079 de 2015, el reglamento único del sector.
Tres versiones del mismo plazo
El umbral para pedir esas inversiones de última etapa cambia según quién lo cuente. Presidencia y La República hablan de cinco años o menos para el vencimiento. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que dice haber participado en la redacción, lo describe como contratos con al menos el 70% del plazo cumplido, lo que en una concesión de 20 años equivale a los últimos seis. Noguera mencionó en el acto concesiones a las que les faltan “8 o 9 años”. El decreto firmado dirá cuál queda.
Tampoco está cerrado quién paga. El proyecto prevé que el valor no recuperado se reconozca si el operador sigue con una prórroga o una concesión nueva, y que lo asuma el concesionario entrante si hay cambio. De La Espriella prometió que no habrá “cheques en blanco”: cada obra pasará por evaluación técnica, económica, social y ambiental.
Lo que le toca al transportador
Al transporte de carga por carretera le interesa más otro cambio: las concesiones podrán incluir en su plan de inversión accesos marítimos y fluviales, conexiones férreas y vías, incluso fuera del área concesionada, y esas obras podrán alargar el plazo del contrato. Noguera puso de ejemplo a Buenaventura, donde el canal de acceso impide que los buques entren de noche.
El ejemplo llega en mala semana para ese puerto. Colfecar y otros gremios piden suspender el cobro distrital de $4.235 por tonelada que entre o salga de las terminales, unos $127.050 por un camión de 30 toneladas, y reportan filas de hasta 25 kilómetros y esperas de ocho horas. El decreto nacional no toca ese cobro. El propio presidente admitió que la norma no resuelve los cuellos de botella del sector.
Un registro nuevo y una advertencia
El texto crea además el Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), que reunirá los trámites de puertos, muelles y embarcaderos que hoy otorgan por separado la ANI, el Invías, Cormagdalena y San Andrés. La Red de Veedurías advirtió el 7 de octubre que el proyecto suma audiencias, evaluaciones y propuestas alternativas sin fijar su orden ni sus plazos, y que podría “mantener o incluso ampliar los tiempos de tramitación”.
Según cifras del Ministerio de Comercio que cita la CCI, por los puertos marítimos pasó el 94,5% de la carga de comercio exterior del país en el primer semestre de 2026.
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Fuentes: La República, Portafolio, El Universal, Noticias RCN, Portafolio (CCI), Portafolio (Buenaventura).
Foto ilustrativa: Juan Esteban Villegas
