La Alcaldía de Buenaventura (Colombia) no aplicará el cobro de $4.235 por tonelada a la carga que entra y sale de sus terminales portuarias. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la suspensión el martes 13 de octubre ante el Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), y la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba la confirmó después de reunirse con la ministra de Transporte, Elsa Noguera. “No vamos a aplicar el Decreto 0338”, dijo Córdoba.
Cinco días antes la postura era la contraria. El 8 de octubre, como contamos en la nota sobre la defensa del cobro por tonelada en Buenaventura, la Alcaldía sostenía que la tarifa salía de un estudio técnico de 2024 y que las horas que el camión pierde en las vías le cuestan mucho más que el cargo. Lo nuevo es que el distrito se echó para atrás y que, a cambio, la Nación y el departamento se comprometieron con obras.
Qué cambió en una semana
La mediación vino de la Gobernación. Según recogió La FM, Toro reconoció que el decreto tenía “algunos argumentos válidos”, pero dijo que no era el momento de aplicarlo y que la alcaldesa le expresó que lo suspendería. La gobernadora pidió reactivar la Mesa de Logística con el Gobierno nacional y priorizar la profundización del canal de acceso, la vía Mulaló-Loboguerrero y el acueducto. Entrar o salir de Buenaventura puede tomar hoy ocho o nueve horas, según ella.
El Ministerio de Transporte, que el 7 de octubre había rechazado el cobro, presentó la reunión con la alcaldesa como un acuerdo de obras: destrabar nueve de las 21 unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura, incluida la vía alterna interna, priorizar los accesos al puerto y recuperar las carreteras dañadas por el terremoto. Caracol Radio precisó que destrabar una unidad funcional significa superar los obstáculos que frenaban ese tramo del proyecto, no terminar la obra. Para el ministerio, todo el corredor está hoy en obra.
Lo que se ahorra la carga y lo que sigue igual
Un tractocamión con 30 toneladas habría pagado $127.050 por operación, cálculo de Colfecar que repiten Forbes Colombia y La República. Al año, los gremios estimaban entre $81.300 millones (Defencarga) y $91.000 millones (Analdex); la ANDI llegaba a $84.000 millones con unas 55.500 operaciones mensuales. El cargo se facturaba al dueño de la mercancía, aunque El Espectador advierte que, según cada contrato, podía terminar en otros eslabones de la cadena.
Ninguno de los anuncios habla de derogar el decreto, firmado el 26 de agosto. La alcaldesa dijo que no lo aplicará y El Espectador escribe que la medida se cae “por ahora”. Tampoco se presentó otra forma de financiar, con cifras, proyectos y plazos, las vías que el cobro iba a pagar. Para quien mueve carga hacia el Pacífico, la suspensión evita un costo nuevo, pero las demoras y la congestión en los accesos al puerto siguen ahí mientras las obras avanzan, según el mismo diario.
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Fuentes: El Espectador, La FM, Caracol Radio, Forbes Colombia, La República.
Foto ilustrativa: ElyPenner
