Ocho meses después del peor accidente ferroviario de España en décadas, las familias de las víctimas de Adamuz llevaron su reclamación fuera del país. Presentaron una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA), el organismo que certifica y supervisa la seguridad del tren en la UE. Le piden que audite a las autoridades españolas: al gestor de la red, Adif, y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Varios titulares dijeron que la denuncia fue «a Bruselas» o «a la Comisión Europea». En realidad va a la ERA, que tiene su sede en Francia.
Qué pasó en Adamuz
El 18 de enero de 2026, a las 19:43, un Iryo que cubría el trayecto Málaga–Madrid descarriló a la altura de Adamuz, en Córdoba, y chocó con un Alvia de Renfe que iba hacia Huelva. Murieron 46 personas. El número de heridos varía según la fuente: se habla de 292, y otros medios citan 432 ocupantes afectados. La investigación de la Guardia Civil apunta a una rotura de carril de unos 40 centímetros y a fallos en la soldadura y en los umbrales de alerta.
Qué piden las familias
La asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz tiene su base en Huelva: más de la mitad de los fallecidos tenían vínculos con esa provincia. Su abogado, Antonio Benítez Ostos, apoya la denuncia en el Reglamento europeo 2016/796, que da a la ERA facultades de supervisión, auditoría e inspección. Entre las deficiencias que señalan:
- Más de un centenar de roturas de carril al año en la red.
- Ningún sistema que avise en tiempo real cuando un carril se rompe, algo que la propia comisión investigadora de accidentes (CIAF) ya había pedido en julio.
- Trenes sin cámaras exteriores ni geolocalización autónoma en caso de descarrilamiento.
- Portaequipajes que dejaron caer maletas sobre los pasajeros.
- Protocolos de emergencias (061 y 112) sin coordinar entre comunidades autónomas.
Según Andalucía Información, el Ministerio de Transportes y Adif no han respondido a peticiones formales que la asociación presentó hace más de dos meses. La posición pública de Adif sigue siendo que el accidente «no estuvo provocado por un déficit de mantenimiento». También dice que está dispuesta a reforzar las inspecciones.
El Senado, un día antes
La denuncia se conoció un día después de que Rocío Báguena, expresidenta de la AESF, declarara ante la comisión del Senado que investiga Adamuz y Gelida. El ministro Óscar Puente la cesó el 1 de septiembre. Báguena negó cualquier responsabilidad: «Cada uno aquí tiene su responsabilidad», dijo, y la situó en Adif y en las empresas ferroviarias. Explicó que la AESF supervisa por muestreo (unas 900 actuaciones en 2025) y que no valida los ultrasonidos de la vía. También dijo que nadie le explicó por qué la cesaron.
Así, el regulador dice que la vía es responsabilidad de quien la gestiona, y el gestor dice que el mantenimiento no falló. Las familias quieren que lo decida alguien de fuera.
Fuentes consultadas: El Español, The Objective, Andalucía Información, Beconet, Cordópolis, Valencia Plaza.
Imagen de portada ilustrativa: Un tren de alta velocidad en la línea Madrid–Sevilla a su paso por Adamuz, Córdoba, en 2017 (imagen ilustrativa). Autor: Pablo Nieto Abad from Spain, licencia CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.
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